Al concluir la II Guerra Mundial los países vencedores sometieron a España a un total aislamiento internacional, por considerarla el último de los estados totalitarios. El rechazo internacional y las fuertes tensiones surgidas entre la Falange y otras familias del franquismo llevaron a Franco a intentar romper el aislamiento distanciándose de las formas fascistas y reduciendo el predominio de la Falange. De esa forma, los gobiernos de esta etapa muestran un equilibrio entre la Falange y los elementos católicos y monárquicos del régimen.

Esta operación cosmética llevó al franquismo a adoptar formas políticas más moderadas, con apariencias liberalizadoras, pero cuyo fondo era igualmente dictatorial. En este período el Régimen se definió a sí mismo como una "democracia orgánica", un término aparentemente democrático que en realidad expresaba el ideal corporativista. Se trataría de un sistema representativo en el que los representantes no se elegirían por sufragio individual, sino por medio de los "órganos naturales" de la sociedad: familia, municipio y sindicato. Dentro de esta operación destaca la aprobación de nuevas Leyes Fundamentales:

La Ley de las Cortes españolas (1942) restableció las Cortes, pero la ausencia de auténtico sistema representativo, garantías jurídicas y división de poderes las convertían de hecho en un simple órgano consultivo. La integraban procuradores designados por su cargo, por Franco o por las corporaciones.

El  Fuero de los Españoles (1945) concedía en apariencia a los españoles derechos y libertades parecidas a las de un sistema liberal, pero en realidad el ejercicio de esas libertades no estaba garantizado y se subordinaba en todo momento a la voluntad del régimen. Como muestra el propio uso del término medieval fuero, la ley se parecía más bien a una carta otorgada, es decir, a una cesión graciosa del jefe de Estado.

La Ley de Referéndum (1945) autorizaba a Franco a consultar al pueblo en referéndum la aprobación de leyes de especial importancia.

Juan de Borbón Imagen de Nationaal Archief en Wikimedia Commons. Licencia CC.

El primer referéndum se celebró para confirmar una ley de gran importancia simbólica, la Ley de Sucesión (1947). En 1945 Juan de Borbón, hijo de Alfonso XIII, se presentó como candidato de una monarquía constitucional que debería sustituir al régimen franquista. En respuesta, Franco hizo aprobar la Ley de Sucesión, en la que España era reconocida como Reino, pero el dictador se reservaba la posición de Jefe de Estado permanente y el control sobre la elección del rey o regente que habría de sucederle. En adelante quedó claro que Franco no aceptaría a Juan de Borbón como sucesor, mientras este se convertía en el referente de la oposición más moderada al franquismo. No obstante, la colaboración de monárquicos con el régimen siempre continuó y quedaron abiertas líneas de negociación que acabarían conduciendo a la elección por Franco de Juan Carlos de Borbón, hijo primogénito de Juan, como sucesor.

Desde el punto de vista económico, entre 1939 y 1957 España atraviesa una etapa de estancamiento, como consecuencia de la posguerra y el aislamiento internacional de España. Este estancamiento fue agravado y prolongado como consecuencia de una política económica de inspiración fascista, la Autarquía, que pretendía conseguir el crecimiento económico prescindiendo de todas las importaciones y sometiendo a la economía a una estrecha regulación estatal. Para acabar con el hambre, la producción y el precio del trigo fueron regulados por el Servicio Nacional del Trigo y se realizó una importante colonización agrícola. Pero ello no evitó el racionamiento, es decir, la limitación de la cantidad de alimentos que una familia podía adquirir legalmente, práctica que favoreció el auge del mercado negro (conocido como estraperlo). Se creó también el Instituto Nacional de Industria (INI) para financiar y desarrollar las industrias de interés preferente. El resultado fue una industrialización lenta y poco racional.

Cartilla de racionamiento de 1945 Imagen de Falconaumanni en Wikimedia Commons. Licencia CC.

La política dirigista del régimen, unida al pago de las deudas de guerra, provocó un fuerte déficit público al que se trató de hacer frente mediante continuas emisiones de deuda que provocaron una inflación de efectos catastróficos. En general, la Autarquía ralentizó la apertura internacional y la recuperación de la economía española. Sólo en 1955 se recuperaron los niveles más elevados de los "felices años 20".