3.1. El gobierno de Prim

Una vez aprobada la constitución, se confió al General Serrano la regencia hasta que se eligiera un nuevo rey. El General Prim pasó a ser presidente del Gobierno, integrando a ministros demócratas, progresistas y unionistas.

Una de las principales tareas del nuevo gobierno era el desarrollo normativo de los principios constitucionales, dando forma legal a los derechos y garantías que establecía la constitución. A ese respecto se desató uno de las principales polémicas del período: la cuestión de si se debía abolir o no la esclavitud en las colonias americanas. La cuestión no llegó a resolverse durante todo el período, al chocar con los intereses de la oligarquía colonial. El gobierno también desarrolló una política librecambista, que en ese tiempo era característica de la izquierda liberal. A ese respecto, se redujeron los aranceles exteriores, así como los impopulares impuestos de consumo.

	Minas de Riotinto (Huelva) en 1892 (Fotografía de Hauser y Menet) Imagen en Biblioteca Digital Hispánica. Licencia CC.

Como resultado de la crisis económica, la inestabilidad y la ineficacia de los últimos gobiernos isabelinos, el nuevo gobierno había heredado un grave problema de deuda pública, que llevó al punto de que entre 1870-1874 el Estado entrara en bancarrota. Se recurrió a diferentes procedimientos para tratar de resolver este problema. El más importante fue la nueva legislación minera, que liberalizaba la concesión de minas, dando a los concesionarios grandes derechos sobre el subsuelo. La manifestación más extrema de esta política fue la venta a perpetuidad del subsuelo de las minas de Riotinto (Huelva) a una empresa británica (1873), lo que de hecho suponía la renuncia a la plena soberanía sobre el coto minero de Riotinto. Las facilidades y seguridad que la nueva legislación ofrecía a los inversores propició un enorme boom minero, protagonizado fundamentalmente por capital extranjero, que cumplió un papel económico parecido al que en las décadas anteriores había tenido el boom del ferrocarril.

El deseo de poner orden en la economía y la Hacienda españolas tuvo otro importante resultado. Un decreto del 19 de octubre de 1868 estableció un nuevo sistema monetario, cuya unidad era la peseta, una pieza de plata. El sistema monetario español trataba así de integrarse con los sistemas monetarios de nuestro entorno, imponiendo un patrón bimetálico (es decir, basado en la plata y el oro) e introduciendo definitivamente el sistema métrico decimal. Se centralizó la fabricación de moneda en la ceca de Madrid, donde en 1869 se acuñaron las primeras pesetas. Ya en 1874 se concedería al Banco de España el monopolio de la emisión de moneda y billetes, con lo que se lograba la doble ventaja de proporcionar una financiación más sólida al Estado y evitar los desórdenes monetarios producidos por la emisión descontrolada de billetes.

Moneda de 5 pesetas de 1870, la segunda emisión de la nueva moneda española. Cuando en 2002 el euro sustituyó a las pesetas, estas 5 pesetas habrían equivalido a solo 3 euros, pero, cuidado, en el siglo XIX era una moneda de plata de un elevado valor adquisitivo. Imagen de Chencho Q. en Wikimedia Commons. Licencia CC.