2.2. Los primeros proyectos frustrados de desamortización

Las primeras medidas desamortizadoras remontan al Despotismo Ilustrado del siglo XVIII. Durante el reinado de Carlos III (1759-1788) varios informes redactados desde los círculos del gobierno comenzaron a criticar abiertamente los negativos efectos económicos de la amortización de tierras, pero no llegaron a conducir a ninguna medida concreta. Se llegó a decretar el arriendo a particulares de tierras comunales, pero la medida tuvo poco efecto. Por otra parte, la fuerte tensión entre el reformismo borbónico y el tradicionalismo católico llevó a Carlos III en 1767 a ordenar la expulsión de la orden de los Jesuitas, considerados los máximos instigadores de la reacción católica, lo que abría el camino a la expropiación de sus bienes.

Durante el reinado de Carlos IV, siendo primer ministro Manuel Godoy, el fuerte endeudamiento del Tesoro llevó a la firma del decreto de desamortización de 1798. En él se decretaba, con permiso del Papa, la desamortización sistemática de los bienes expropiados a los Jesuitas, así como los de otras fundaciones eclesiásticas (hermandades, hospitales, hospicios, colegios universitarios...), afectando en total a cerca de una sexta parte de las propiedades de la Iglesia. La Iglesia sería indemnizada por la pérdida. El proceso de desamortización se prolongó hasta la caída de Carlos IV en 1808.

Durante la Guerra de Independencia los dos bandos abordaron medidas desamortizadoras.

• José I decretó la disolución de las órdenes religiosas y la venta en subasta de sus bienes, así como la de los bienes confiscados a los nobles que se habían levantado contra él.
• En el otro bando, las Cortes de Cádiz decretaron la abolición de los señoríos jurisdiccionales, la privatización de tierras municipales y de realengo y la nacionalización de los bienes inmuebles de las instituciones religiosas abolidas por las Cortes (Inquisición, Órdenes Militares) y las órdenes religiosas disueltas por José I. Asimismo, autorizaron el cerramiento de las grandes fincas, que antes se había impedido por la existencia de derechos colectivos de uso sobre ellas (recogida de leña, forrajeo, recogida del grano caído durante la cosecha...).

La llegada al poder de Fernando VII interrumpió todos los procesos desamortizadores abiertos, tanto el de Carlos IV, como el de José I, como el de las Cortes de Cádiz. Pero durante el Trienio liberal (1820-1823) hubo un nuevo intento de desamortización. Se restauró la legislación de las Cortes de Cádiz y además se desvincularon los señoríos nobiliarios mediante la abolición de los mayorazgos. Toda esta obra volvió a quedar sin efecto al restaurarse el abolutismo en 1823.

En resumen, todas estas medidas desamortizadas fueron poco sistemáticas y de aplicación lenta, estuvieron vigentes poco tiempo y apenas tuvieron efectos significativos sobre la estructura agraria española.