Dos aspectos caracterizan este último período del reinado de Isabel II: la ruptura del bipartidismo y la creciente pérdida de apoyos de la monarquía entre la sociedad española. Con respecto a la ruptura del bipartidismo, hay que destacar el desarrollo de nuevas fuerzas políticas. En el seno del Partido Demócrata, o próximos a él, muchos liberales demócratas comienzaron a definirse abiertamente como republicanos, es decir, partidarios de la abolición de la monarquía y su sustitución por una jefatura de Estado electiva. Por otro lado, en el centro político se constituyó un nuevo partido: la Unión Liberal, formado por los progresistas y moderados más centristas que seguían al general O'Donnell.

A lo largo del período los gobiernos estuvieron generalmente en manos de los moderados, liderados por Narváez, salvo entre los años 1858-1863, cuando gobernó la Unión Liberal de O'Donnell. Entre los logros políticos del período cabe destacar, en primer lugar, la promulgación de la Ley Moyano (1857), la primera norma legal que creó un sistema público de enseñanza de ámbito estatal, basado en la escolarización obligatoria de los niños. En segundo lugar, la reanudación de la desamortización eclesiástica bajo los gobiernos de la Unión Liberal. En tercer lugar, la intensa política exterior de O'Donnell, una política de prestigio dirigida a devolver a España parte de su antiguo renombre mediante una mayor presencia en la política internacional y la adopción de una política colonialista como la que caracterizaba en aquellos años a las primeras potencias. Eso llevó a España a participar en algunas empresas militares exteriores y a comenzar la construcción de un imperio colonial en el Norte de África. La conquista de Tetuán (Marruecos) fue su logro más popular.

A partir de 1863 se produce el derrumbe de la monarquía isabelina. Se suceden gobiernos breves y débiles, dirigidos por Narváez, que tratan sin éxito de imponer los viejos principios moderados. Las razón de su fracaso es múltiple. En primer lugar, las opciones políticas se habían multiplicado a la vez que se había debilitado la cohesión de los viejos partidos liberales. En segundo lugar, la industrialización había cambiado a la sociedad y la economía españolas, haciendo inútiles e inaceptables las viejas recetas políticas y económicas. Las incipientes clases medias no toleraban las restricciones impuestas a su libertad de expresión y su sufragio. El movimiento obrero incrementaba su organización y la intensidad de sus reivindicaciones. El clima social se deterioró profundamente cuando al boom económico de los años 50 sucedió la crisis económica de la década de 1860. En esas condiciones, la inestabilidad política, la agitación social y las conspiraciones militares proliferaron. En respuesta el gobierno se hizo cada vez más represivo y autoritario, lo que no hacía sino radicalizar a la oposición. Numerosos líderes del centro y la izquierda liberal fueron exiliados. Los progresistas decidieron dejar de participar activamente en el juego parlamentario y la alternancia de gobierno, dejando solos a los moderados.

En esa situación convulsa, las muertes de O'Donnell y Narváez en 1867 y 1868 sumieron a unionistas y moderados en un absoluto desorden. La reina se había quedado sin defensores a la altura de las crecientes fuerzas de oposición. En 1866 los exiliados progresistas y demócratas habían firmado el Pacto de Ostende (Bélgica), por el que acordaron el derrocamiento de Isabel II y la convocatoria de Cortes Constituyentes mediante sufragio universal. Los republicanos y los exiliados unionistas se sumaron a este pacto. Tras la muerte de Narváez los aliados vieron que la situación estaba madura. El pronunciamiento en Cádiz de la flota comandada por el Almirante Topete, coordinado con los generales Prim y Serrano, dio la señal de salida a una amplia sublevación popular y militar. Es la llamada Revolución "gloriosa". La Corte, que en aquel momento veraneaba en San Sebastián, atravesó la frontera y marchó al exilio. El régimen isabelino había caído.