3. La construcción del Estado liberal: la minoría de Isabel II (1833-1843)

El reinado de Isabel II significó en España el triunfo del régimen liberal y la superación del Antiguo Régimen. Pese a ambos logros, durante este período España mantuvo su retraso con respecto al resto de la Europa occidental, tanto en el plano político como en el económico.

Entre 1833 y 1843 se desarrolla el período de las regencias, durante el cual varios regentes reinaron sucesivamente en nombre de Isabel II. Durante estos años el régimen liberal dio sus primeros pasos, desarrollando los rasgos básicos que lo caracterizarían durante todo el reinado.

El primero de estos rasgos es la debilidad del régimen liberal, que era resultado de la debilidad de la burguesía española, el bajo nivel cultural y el predominio ideológico de un catolicismo muy conservador, que rechazaba la defensa liberal del individualismo, la libertad de conciencia, la separación Iglesia-Estado y la desamortización. El escaso arraigo en la sociedad española de los valores y mecanismos políticos liberales hacía que estos fueran sustituidos a menudo por el tráfico de influencias, la corrupción o la violencia.

El segundo rasgo es la militarización de la vida política. El liberalismo español nació en medio de la guerra y eso dejó como herencia una estrecha conexión con el ejército y una marcada disposición a emplear la fuerza como arma política. Las facciones liberales a menudo estuvieron lideradas por los llamados espadones, oficiales partidarios de una determinada tendencia política que conseguían para esta el poder mediante pronunciamientos. Un pronunciamiento es un golpe de Estado militar dirigido por oficiales que actúan en calidad de líderes de una facción política. El golpe de Estado comienza con la sublevación de una unidad militar, que invita al resto del ejército a unirse contra el Gobierno.

El tercer rasgo es la división de los liberales en torno a dos grandes tendencias políticas. Estas dos tendencias no eran partidos políticos en el sentido actual, ya que carecían de una organización sólida, de un reglamento interno, de disciplina de partido o de un programa político definido. Eran solo agrupaciones de notables basadas en la proximidad de puntos de vista e intereses.

• Los moderados representaban la derecha liberal. Buscaban conciliar libertad y orden público. Defendían la soberanía compartida entre el Rey y las Cortes, un sufragio censitario restringido, cortes bicamerales (con una cámara alta capaz de moderar a la cámara baja), un ejecutivo fuerte y un Estado centralizado. Apoyaban, asimismo, un mayor entendimiento entre Iglesia y Estado. Desde un punto de vista social tenían mayores apoyos entre la alta burguesía, especialmente terrateniente, y la nobleza.
• Los progresistas representaban el centro-izquierda liberal, ya que pronto se desarrollaron tendencias liberales más radicales a su izquierda. Consideraban como valor supremo la libertad y justificaban el derecho a la rebelión para conquistarla. Consideraban que la soberanía nacional residía exclusivamente en las Cortes. Defendían, un sufragio censitario más amplio, mayores garantías legales frente al ejecutivo y ayuntamientos democráticos. Apoyaban una mayor separación entre Iglesia y Estado. Desde un punto de vista social tenían más apoyo entre la baja burguesía y las clases medias.

Existía una asimetría en el acceso al poder entre ambas tendencias. La Corona trataba siempre de confiar los gobiernos a los moderados, obligando a los progresistas a conquistarlo por la fuerza mediante pronunciamientos.

El período de la minoría de edad de Isabel II se divide en dos fases: la Regencia de María Cristina (1833-1840) y la Regencia de Espartero (1840-1843).

Durante la Regencia de María Cristina (1833-1840) se dieron los primeros ensayos constitucionales en el marco de la I Guerra Carlista. El primer ensayo fue el Estatuto Real de 1834. En realidad no era una constitución, sino una carta otorgada, que representaba un compromiso entre moderados y absolutistas (por ejemplo, no reconocía la soberanía nacional y establecía una cámara alta designada por el rey). Por eso resultó del todo insuficiente para los progresistas, que protagonizaron una oleada de levantamientos que obligó a la regente a nombrar un gobierno progresista y convocar Cortes.

Las nuevas cortes promulgaron la Constitución de 1837. Es una constitución progresista, aunque con importantes concesiones a los moderados. Proclama la soberanía nacional y la separación de poderes. No obstante, como cesión a los moderados, establece que el poder legislativo reside en las Cortes con el Rey. También supone un compromiso la estructura de las Cortes. Se impone el sistema de cortes bicamerales, con una cámara baja llamada Congreso de Diputados y una cámara alta llamada Senado. Los diputados son elegidos por sufragio directo censitario, más amplio que en el Estatuto Real. En cuanto a los senadores, el rey designa a uno de cada tres senadores propuestos por los electores entre los ciudadanos más acaudalados. El poder ejecutivo reside en la Corona, que lo ejerce mediante la designación de ministros que, sin embargo, son responsables ante las Cortes. La Corona asume además el poder moderador entre las Cortes y el Gobierno. En cuanto al poder judicial, se reconoce la independencia de los tribunales. En el ámbito local se establecen ayuntamientos electivos. La constitución contiene además una amplia declaración de derechos individuales y políticos, aunque en muchos casos sin el desarrollo de las necesarias garantías. En definitiva, la Constitución de 1837 establece en España el modelo de parlamentarismo propio del liberalismo moderado europeo.

Otros avances de este período fueron la división de España en provincias en 1833, por iniciativa del Secretario de Estado Javier de Burgos, la primera gran desamortización, impulsada por el progresista Mendizábal (1836-1837), que estableció la desvinculación de los señoríos nobiliarios y la venta en subasta de los bienes municipales, de realengo y eclesiásticos, y el impulso del librecambismo, es decir, la libre exportación e importación, en oposición al tradicional proteccionismo económico.

	Baldomero Espartero (retrato de A.M. Esquivel. 1841. Casa Consistorial de Sevilla) Imagen en Wikimedia Commons. Dominio público.

La firma de la Constitución de 1837 no impidió que la regente María Cristina volviera a confiar el gobierno a moderados en cuanto pudo. Los moderados trataron de frenar todas las reformas progresistas, lo que de nuevo originó una sucesión de levantamientos progresistas. En 1841 el general Baldomero Espartero, que había alcanzado un gran prestigio como vencedor de la Guerra Carlista, declaró su apoyo a una insurrección progresista que había estallado en respuesta al intento de los moderados de eliminar los ayuntamientos electivos. Ante el desafío del general progresista, María Cristina se vio obligada a renunciar a la regencia, tomando el camino del exilio. En 1841 la regencia fue asumida por el propio Espartero.

Espartero dedicó los siguientes años a consolidar la obra progresista. No obstante, se encontró con una oposición cada vez mayor. Mientras los moderados no aceptaban su regencia, cada vez más progresistas se sentían molestos por su forma autoritaria de gobernar. Su popularidad se hundió en 1842 cuando, en protesta por su política librecambista, que perjudicaba a la industria textil catalana, se produjeron disturbios en Barcelona. Para sofocarlos, Espartero decidió bombardear a los amotinados desde el monte barcelonés de Montjuic. En 1843 un levantamiento conjunto de moderados y progresistas le obligó a dimitir y huir del país. Ante la imposibilidad de consensuar un nuevo regente se decidió proclamar la mayoría de edad de Isabel II, que apenas contaba 13 años.