Los progresistas lograron retener el gobierno sólo durante dos años. En este tiempo su actividad se centró en desmantelar las reformas moderadas: se restableció la libertad de imprenta, cierto grado de autonomía municipal y la Milicia Nacional. El proceso de desamortización volvió a tomar impulso. El ministro Pascual Madoz sacó adelante la Ley de Desamortización General de 1855, que completaba la desamortización de Mendizábal. La obra progresista debería haber culminado con la proclamación de una nueva constitución, pero el proyecto de constitución de 1856 no llegó a concluirse a tiempo.

En el plano económico los avances fueron mucho más importantes. España se había incorporado tarde a la revolución industrial, complicada por la herencia económica de la guerra, la permanente inestabilidad política, la debilidad de la burguesía y la dificultad de las comunicaciones terrestres.

Mapa de elaboración propia a partir de base cartográfica en Wikimedia Commons de Jotamar. Licencia de la base: CC BY-SA 3.0

A partir de 1830 se había comenzado a desarrollar la industria siderúrgica en zonas como Málaga, Vizcaya, Asturias, Madrid y Cataluña. Pero el fenómeno se estancó en Málaga por la ausencia de carbón mineral y en Asturias por la lejanía de los yacimientos de hierro. En cambio, prosperó especialmente en Vizcaya, donde había hierro y, a cambio del cual, se podía adquirir el carbón barato de Gran Bretaña. En Cataluña, la existencia temprana de una burguesía muy dinámica permitió un fuerte desarrollo de la industria textil algodonera, que la convirtió en la región más industrializada de España. Madrid, por su parte, se benefició del dinamismo económico asociado a la presencia del poder. España era excepcionalmente rica en yacimientos mineros (carbón asturiano, cobre de las minas de Huelva, plomo de las minas de Jaén...), pero el desarrollo de la minería se vio frenado por la falta del capital y la capacidad organizativa necesarios para acometer una minería competitiva, lo que haría depender su desarrollo de las inversiones extranjeras. Por otro lado, a partir de 1848 habían comenzado a instalarse las primeras líneas de ferrocarril en España, si bien a un ritmo muy lento. Esta incipiente industrialización requería de unas instituciones financieras sólidas. Desde el siglo XVIII se había comenzado a desarrollar lentamente una banca moderna, pero aún lejos de las necesidades de una economía industrializada.

En los años 50 del siglo XIX la industrialización se aceleró en España, dando lugar a un período de prosperidad económica. Tocó a los gobiernos del bienio progresista dar respuesta a este fenómeno y lo hicieron promoviendo leyes destinadas a fomentar el desarrollo y a dar un marco institucional adecuado a la nueva economía.

La Ley General de Ferrocarriles (1855) impulsó el trazado de líneas ferroviarias estableciendo un sistema de concesiones de larga duración a las empresas constructoras, abriendo el sector a sociedades por acciones, ofreciendo importantes subvenciones estatales, atrayendo el capital extranjero y subvencionando la importación de bienes necesarios para la construcción de ferrocarriles. La medida logró acelerar enormemente la construcción de ferrocarriles, contribuyendo a integrar el mercado español. No obstante, también tuvo importantes consecuencias negativas. Por ejemplo, favoreció especialmente a los grandes capitales franceses e ingleses y las facilidades para la importación perjudicaron a sectores nacionales como la siderurgia. Además, la caza de subvenciones convirtió el ferrocarril en un negocio especulativo que desvió numerosos capitales de otros empleos productivos.

Imagen en Wikimedia Commons de Benedicto16 (modificada). Dominio público.

Por otra parte se estableció un marco regulador más moderno al sistema financiero español. Se creó el Banco de España y se permitió el establecimiento en cada provincia de un banco autorizado para emitir dinero. El resultado fue un importante aumento de la emisión y uso de billetes. Por otro lado, la Ley de Sociedades de Crédito flexibilizó mucho las condiciones para crear instituciones de crédito (p. ej. permitiendo que fueran sociedades anónimas) y la gama de actividades que podían ejercer. El resultado fue un extraordinario aumento del crédito disponible.

Como en el resto del mundo, el proceso de industrialización cambió la estructura de la sociedad española y provocó nuevas tensiones. Como respuesta, en las zonas más avanzadas de España, especialmente en Cataluña, comenzó a desarrollarse el movimiento obrero. En 1855 se produjo en Barcelona la primera huelga a gran escala. Mientras, comenzaban a proliferar las agitaciones campesinas en protesta por la pérdida de usos comunales de la tierra como consecuencia de la desamortización. Como ya había ocurrido durante el anterior gobierno de Espartero, la represión de estos movimientos dejó al general progresista sin apoyos entre los suyos. La reina aprovechó la ocasión para entregarle el gobierno al moderado O'Donnell. Las Cortes Constituyentes se disolvieron y la Milicia Nacional, que se levantó en reacción a este nombramiento, fue definitivamente disuelta.