Dado el prestigio alcanzado por la victoria de Alhucemas, Primo de Rivera decidió no retirarse. La idea de una dictadura transitoria dio paso al proyecto de formar un nuevo modelo de Estado, influido por el fascismo italiano de Mussolini. Para ello incluyó ministros civiles en el gobierno, ministros próximos a la derecha autoritaria pero que tenían también un importante perfil técnico (tecnócratas). Entre ellos destacan José Calvo Sotelo, Ministro de Hacienda, y Rafael Benjumea, conde de Guadalhorce, que fue Ministro de Fomento.
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| El Directorio Civil recién nombrado en 1925. Primo de Rivera aparece en el centro. El tercero por la izquierda es el ministro Calvo Sotelo que, aparte de por su gestión como tal, es trágicamente célebre porque su asesinato en 1936 sería el detonante de la Guerra Civil. Imagen en Wikimedia Commons. Dominio público. |
Para institucionalizar el nuevo régimen, Primo de Rivera utilizó como instrumento un partido único, la Unión Patriótica, de inspiración fascista, que había creado en 1924. La presentaba como una asociación de "hombres de buena voluntad" opuesta a los partidos políticos tradicionales. No obstante, el partido acabó resultando poco coherente y útil, en primer lugar porque se convirtió rápidamente en un refugio para todo tipo de oportunistas, en segundo lugar porque el propio Primo de Rivera nunca tuvo muy claro qué función asignarle al partido, ni confió demasiado en él como para darle auténticas responsabilidades.
En 1927 el dictador convocó una asamblea consultiva, la Asamblea Nacional, compuesta por miembros de la Unión Patriótica y representantes de corporaciones (Iglesia, ayuntamientos, universidades, asociaciones profesionales...). Su objetivo era elaborar una nueva constitución, que nunca llegó a completarse. La idea de sustituir a los partidos políticos por las corporaciones como unidad básica de la representación política se llamaba corporativismo y era una doctrina muy de moda entre la derecha de la época. La idea quedó también reflejada en el proyecto de Estatuto Municipal, que nunca llegó a aprobarse, que además de dar mayor autonomía financiera a los municipios establecía en ellos un sistema de representación corporativa. Curiosamente, fue el primer proyecto político español que contemplaba conceder el sufragio activo a la mujer.
